Publicado el 29/05/2025 por Administrador
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El expresidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha confirmado públicamente su decisión de iniciar un proceso judicial por injurias en contra del periodista Andersson Boscán, cofundador del portal digital La Posta. A través de una publicación en la red social X (anteriormente Twitter), Lasso calificó a Boscán como un "creador de mentiras, injurias e infamias", afirmando que ni la distancia ni su residencia en Canadá lo eximen de enfrentar consecuencias legales.
La tensión entre el exmandatario y el comunicador ha escalado en los últimos meses, en medio de un entorno político polarizado y un clima adverso para el ejercicio del periodismo investigativo. Boscán, quien abandonó el país junto con su esposa, Mónica Velásquez, en septiembre de 2024 tras recibir amenazas, reside actualmente en Canadá, donde ambos solicitaron asilo político.
Desde el exterior, Boscán y su equipo continúan publicando investigaciones desde La Posta, un medio que ha sido protagonista de diversas revelaciones sobre presunta corrupción al más alto nivel del poder público. Uno de sus trabajos más controversiales fue "El Gran Padrino", una investigación que implicó a Danilo Carrera, cuñado del expresidente Lasso, en una supuesta red de corrupción dentro de empresas públicas.
Este reportaje desencadenó una serie de reacciones políticas y judiciales que culminaron en el conocido "Caso Encuentro", en el cual Carrera fue sentenciado a diez años de prisión por el delito de delincuencia organizada. Desde entonces, La Posta ha sido blanco de múltiples ataques legales, incluido un par de demandas previas por parte del propio Carrera contra Boscán.
En esta nueva acción, sin embargo, es el expresidente Lasso quien toma la iniciativa legal, aunque aún no se han revelado los detalles precisos del contenido que motivaría la demanda. Tampoco se ha confirmado si el proceso ya fue formalmente radicado en los tribunales.
Diversas organizaciones defensoras de la libertad de prensa han manifestado preocupación por este tipo de acciones legales, argumentando que pueden representar una forma de presión contra periodistas y medios que cumplen funciones de control al poder. "El uso del aparato judicial para perseguir voces críticas amenaza el ejercicio libre del periodismo", han señalado voceros de entidades como Fundamedios y Reporteros Sin Fronteras.
Mientras tanto, el caso ha generado una intensa discusión en el país sobre los límites entre la libertad de expresión, la rendición de cuentas, y los derechos de quienes se sienten difamados. La comunidad internacional también observa de cerca el desenlace, consciente del precedente que podría sentarse en una región donde el periodismo crítico enfrenta crecientes desafíos.
