Publicado el 09/07/2025 por Administrador
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La bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) ha solicitado formalmente a la Fiscalía General del Estado y al Consejo de Administración Legislativa (CAL) que se impongan medidas urgentes para evitar la salida del país del asambleísta Santiago Díaz, quien enfrenta una investigación por presunta violación a una menor de edad. La petición surge tras los recientes allanamientos realizados por la Fiscalía en tres inmuebles relacionados con el legislador, como parte de una fase reservada del proceso.
El caso ha sacudido el panorama político ecuatoriano. Díaz, quien hasta hace poco formaba parte del movimiento Revolución Ciudadana, fue expulsado de dicha bancada en cuanto se conocieron los detalles de la denuncia. A pesar de su separación política, Díaz mantiene su escaño legislativo y ha solicitado una licencia sin remuneración mientras dure la investigación.
Según fuentes judiciales, los allanamientos ejecutados en Quito se llevaron a cabo para recabar evidencias como dispositivos electrónicos y documentos que puedan aportar al proceso. Aunque Santiago Díaz no fue detenido, sí fue citado a rendir versión ante la Fiscalía en los próximos días. La naturaleza reservada del expediente impide que se difundan detalles explícitos, pero se ha confirmado que la denuncia proviene de un caso relacionado con una niña de 12 años.
La polémica se ha intensificado luego de que se revelara que, apenas días antes de que estallara el escándalo, el legislador presentó un proyecto de ley que buscaba reducir la edad mínima para el consentimiento sexual en el país, una propuesta que fue rechazada tajantemente por colectivos de derechos humanos y organizaciones feministas.
Frente a esta situación, la bancada de ADN, por medio del legislador Ferdinan Álvarez, solicitó al CAL que se niegue cualquier permiso de salida del país a Díaz y que se tomen acciones preventivas para evitar una posible fuga. “El país no puede permitir que casos tan graves terminen con impunidad por falta de medidas cautelares oportunas”, afirmó Álvarez en una rueda de prensa.
El pedido de ADN ha generado respaldo entre varios sectores de la Asamblea Nacional, incluyendo movimientos que usualmente se oponen al oficialismo. La presión pública y mediática también ha ido en aumento, con pedidos de justicia rápida y garantías para la víctima y su entorno familiar.
Mientras tanto, colectivos ciudadanos han anunciado movilizaciones para exigir transparencia en el proceso y celeridad en la actuación de las autoridades. La Fiscalía aún no ha confirmado si solicitará una orden de prisión preventiva, pero no se descarta que lo haga en los próximos días, especialmente si hay indicios de riesgo de fuga.
En medio de este escándalo, el país observa con atención cada movimiento del sistema judicial y legislativo. La credibilidad de las instituciones está en juego, y el caso de Santiago Díaz podría convertirse en un símbolo de cómo Ecuador enfrenta —o no— la lucha contra los abusos de poder y la violencia sexual.
