Publicado el 29/05/2025 por Administrador
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El proceso para designar al próximo fiscal general del Estado ecuatoriano enfrenta nuevos tropiezos tras conocerse que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no abordó un informe jurídico fundamental que permitiría acelerar la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección. Esta comisión es esencial para dar inicio formal al concurso público de méritos y oposición, el cual designará a la autoridad que reemplazará a Diana Salazar, quien dejó el cargo de manera anticipada.
Durante la sesión del martes 28 de mayo, se esperaba que el pleno del CPCCS tratara dicho informe, que contemplaba procedimientos extraordinarios y plazos expeditos para la conformación de la comisión evaluadora. No obstante, el documento fue retirado del orden del día sin mayores explicaciones, lo que generó críticas desde diversos sectores sociales y políticos que consideran urgente avanzar en la renovación de la Fiscalía General del Estado.
La omisión no ha pasado desapercibida. Voces desde la Comisión Nacional Anticorrupción y organizaciones de la sociedad civil han advertido sobre una posible intención de dilatar el proceso, lo que podría abrir la puerta a negociaciones políticas poco transparentes. La demora, afirman, pone en riesgo la credibilidad institucional del CPCCS y deja sin dirección clara uno de los organismos más sensibles del sistema de justicia ecuatoriano.
El reglamento para la selección del nuevo fiscal ya había sido aprobado en octubre de 2024. Este establece cinco etapas: convocatoria y postulación, admisibilidad y revisión, calificación de méritos, impugnación ciudadana y fase de oposición. Sin embargo, mientras no se instale la Comisión Ciudadana de Selección, ninguna de estas etapas puede ejecutarse.
Otro aspecto polémico ha sido la inclusión de una cláusula que impide postular a abogados que hayan defendido a personas procesadas por ciertos delitos específicos, lo que ha sido señalado como una medida excluyente y posiblemente inconstitucional por parte de juristas y colectivos profesionales.
La indefinición actual se suma a una serie de retrasos administrativos y decisiones contradictorias que han marcado la gestión del CPCCS en los últimos años. La ciudadanía observa con escepticismo el avance del proceso, mientras se acumulan cuestionamientos sobre la falta de voluntad política para garantizar una selección imparcial, técnica y meritocrática.
De acuerdo con los plazos establecidos en la normativa, una vez conformada la comisión, el proceso podría tomar entre cuatro y seis meses. Sin embargo, los vacíos actuales y la falta de acción podrían alargar indefinidamente la elección, prolongando la incertidumbre en una de las instituciones clave para la lucha contra la corrupción y la garantía del Estado de derecho en el país.
La expectativa recae ahora en la próxima sesión del Consejo, en la que se espera que el informe pendiente sea finalmente discutido. Mientras tanto, actores sociales y jurídicos exigen mayor compromiso, transparencia y celeridad para cumplir con uno de los encargos más trascendentales del CPCCS en este periodo.
